Según informa Idealista, Cataluña vuelve a situarse como laboratorio de políticas de vivienda y esta semana pondrá en marcha uno de los debates más controvertidos de los últimos años: la posible prohibición de la compra de viviendas con fines de inversión, lo que el Govern y los Comunes denominan “compra especulativa”.

La iniciativa se materializará mediante la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo catalán y el grupo parlamentario de los Comunes, apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encargara a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, estudiar esta vía.
“Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, afirmó Illa en aquel momento.

Una propuesta impulsada desde los Comunes

El movimiento no ha sido anunciado directamente por el Govern, sino por el portavoz de los Comunes, David Cid, cuyo grupo ha registrado en el Parlament una proposición de ley para limitar la adquisición de viviendas cuando no se destinen a residencia habitual.

No es la primera vez que la formación vinculada a Ada Colau capitaliza medidas pactadas con el Ejecutivo catalán. En el sector inmobiliario se ha instalado la percepción de que sus seis diputados ejercen una influencia decisiva en la orientación de la política de vivienda en Cataluña.

Un grupo de trabajo con calendario definido

Tras el anuncio, la consellera Sílvia Paneque confirmó la creación del grupo de trabajo, en el que también participarán expertos externos. La primera reunión tendrá lugar en el Departament de Territori, con la participación del equipo de Paneque y de la diputada de los Comunes Susanna Segovia.

El objetivo inicial será analizar el informe encargado al Área Metropolitana de Barcelona y estudiar el alcance legal y económico de la medida. Ambas partes han acordado reuniones semanales con la intención de disponer de conclusiones durante el primer trimestre de 2026.

Paneque subrayó la necesidad de “explorar qué otras políticas pueden aplicarse” con el objetivo de que “las viviendas construidas en Cataluña se destinen de forma preferente a uso residencial o habitual”.

Una medida que se suma a otras políticas de vivienda

Siempre según Idealista, la posible prohibición de comprar vivienda para invertir se sumaría a un conjunto de medidas que el Govern ya está desplegando, entre ellas:

• Ampliación del parque público de vivienda
• Topes al precio del alquiler
• Endurecimiento del régimen sancionador
• Creación del registro de grandes tenedores

Este último debía entrar en vigor a finales de noviembre, pero su aplicación se retrasará unos días para introducir ajustes destinados a reforzar su seguridad jurídica, tras el periodo de exposición pública. Dichos cambios obligarán a abrir una segunda exposición, más breve, de siete días.

Reacciones del sector y debate abierto

Todas estas iniciativas buscan aliviar la crisis habitacional en Cataluña, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, según la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió. La presión es especialmente intensa en el mercado del alquiler.

Sin embargo, la posibilidad de limitar la compra de viviendas como inversión ha generado inquietud entre promotores, inversores y empresas del sector inmobiliario. Muchos consideran que la medida va en la dirección equivocada y alertan del impacto que podría tener sobre operaciones de compra destinadas a la rehabilitación de inmuebles.

Algunos actores del sector hablan incluso de un ataque “a la propiedad privada”. Por ahora, el debate queda abierto: será el grupo de trabajo que inicia sus reuniones esta semana el encargado de determinar hasta dónde puede llegar la regulación y cuáles serían sus efectos reales sobre el mercado inmobiliario.