Según informa Idealista, Cataluña vuelve a situarse como laboratorio de políticas de vivienda y esta semana pondrá en marcha uno de los debates más controvertidos de los últimos años: la posible prohibición de comprar pisos para invertir, lo que el Govern y los Comunes denominan “compra especulativa”. La iniciativa se formalizará con la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el Ejecutivo catalán y el grupo parlamentario de los Comunes, apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ordenara a la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, estudiar esta vía. “Todo lo que se pueda hacer con cierto realismo para garantizar la vivienda como un derecho, lo haremos”, afirmó Illa entonces.

El movimiento, sin embargo, no ha sido anunciado formalmente por el Govern, sino por el portavoz de los Comunes, David Cid, cuyo grupo ha registrado en el Parlament una proposición de ley para limitar la adquisición de vivienda cuando no sea destinada a residencia habitual. No es la primera vez que el partido de Ada Colau capitaliza medidas pactadas con el Ejecutivo catalán, hasta el punto de que en el sector inmobiliario se ha instalado la impresión de que sus seis diputados influyen de forma decisiva en el rumbo de la política habitacional.

Tras el anuncio, la consellera Paneque confirmó la puesta en marcha del grupo de trabajo, en el que también participarán expertos externos. La primera reunión tendrá lugar mañana en el Departament de Territori, con la presencia del equipo de Paneque y de la diputada de los Comunes Susanna Segovia, y servirá para analizar el informe encargado al Área Metropolitana de Barcelona. Ambas partes quieren acelerar el proceso y han fijado encuentros semanales, con la intención de tener conclusiones durante el primer trimestre de 2026. Paneque insistió en que es necesario “explorar qué otras políticas” pueden aplicarse “con el objetivo de que las viviendas construidas en Catalunya se destinen de forma preferente a uso residencial o de uso habitual”.

Siempre según Idealista, la medida se sumaría al paquete de políticas que el Govern ya está desplegando: ampliación del parque público, topes al alquiler, endurecimiento del régimen sancionador y creación del registro de grandes tenedores. Este último debía entrar en vigor a finales de noviembre, pero su aplicación se retrasará unos días para introducir ajustes que refuercen su “seguridad jurídica” tras el periodo de exposición pública. Los cambios obligarán a abrir una segunda exposición, más breve, de siete días.

Todas estas iniciativas buscan aliviar la crisis habitacional que atraviesa Catalunya, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, según la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió. La tensión es especialmente aguda en el mercado del alquiler.

Pero la posibilidad de limitar la compra de vivienda para invertir ha encendido las alarmas en empresas y promotores, que consideran errónea la dirección del Govern y alertan del impacto que tendría, por ejemplo, en operaciones de compra para rehabilitar. Algunos actores del sector hablan incluso de un ataque “a la propiedad privada”. Por ahora, toca esperar: el grupo de trabajo que arranca mañana será el encargado de determinar hasta dónde puede llegar la regulación y qué efectos tendría sobre el mercado.