El Parlament de Cataluña ha dado el primer paso para aprobar una de las principales medidas pactadas entre el Govern de Salvador Illa y los Comuns. La Cámara ha aprobado la tramitación por el procedimiento de lectura única de una proposición de ley que pretende limitar la compra especulativa de viviendas en las zonas declaradas como mercado tensionado, donde reside aproximadamente el 90 % de la población catalana.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP. Aunque ERC ha respaldado la tramitación, también ha expresado dudas sobre la solidez jurídica de la propuesta. Por su parte, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. El sector inmobiliario ya ha anunciado que recurrirá la norma al considerar que vulnera derechos fundamentales y confía en que termine siendo revisada por el Tribunal Constitucional.
Una tramitación acelerada, pero con posibles retrasos
La aprobación inicial acelera el proceso legislativo, aunque Junts y el PP ya han anunciado que solicitarán un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Este trámite podría retrasar la aprobación definitiva de la ley hasta el mes de octubre.
Según los impulsores de la propuesta, el objetivo es actuar con rapidez frente al incremento de la especulación inmobiliaria en Cataluña, especialmente en las zonas con mayor presión sobre el mercado residencial.
¿Qué pretende cambiar esta nueva ley?
La proposición modifica la Ley de Urbanismo para permitir que los ayuntamientos de los municipios declarados como zonas tensionadas puedan incorporar limitaciones a la compra de viviendas dentro de su planeamiento urbanístico.
Con carácter general, las viviendas solo podrán adquirirse para alguno de estos fines:
- Destinarlas a residencia habitual.
- Utilizarlas como segunda residencia en los supuestos permitidos.
- Incorporarlas al mercado de alquiler permanente respetando los límites de renta establecidos por la normativa.
El objetivo es reducir determinadas operaciones consideradas especulativas, como la compra de inmuebles para rescindir los contratos de los actuales inquilinos, convertirlos en alquiler por habitaciones o revenderlos posteriormente obteniendo elevadas plusvalías.
Cómo afectaría a grandes y pequeños propietarios
La propuesta afecta especialmente a los grandes tenedores, es decir, a quienes poseen cinco o más viviendas.
En estos casos, solo podrán adquirir nuevos inmuebles si acreditan que:
- Serán su residencia habitual.
- Se destinarán como segunda residencia.
- Compran edificios completos para destinarlos al alquiler.
Los pequeños propietarios también estarán sujetos a determinadas limitaciones. Podrán comprar una vivienda si su destino es:
- Su residencia habitual.
- El uso por parte de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad.
- El alquiler residencial dentro de los límites de precio fijados por el Govern.
Las dudas jurídicas de la propuesta
Aunque ERC comparte la necesidad de combatir la especulación, considera que la herramienta elegida podría no ser la más adecuada.
Durante el debate parlamentario, la diputada Mar Besses defendió que una regulación de este tipo encajaría mejor dentro del derecho civil que mediante una modificación de la Ley de Urbanismo. Además, propuso reforzar la fiscalidad como principal mecanismo para desincentivar las compras especulativas.
Entre las medidas planteadas destaca diferenciar el tratamiento fiscal entre quien compra su primera vivienda para vivir en ella y quien adquiere múltiples inmuebles con fines de inversión.
El Govern defiende una mayor intervención en el mercado
Desde el PSC consideran que el mercado inmobiliario ha dejado de garantizar el acceso efectivo a la vivienda y defienden la necesidad de intervenir para corregir determinados comportamientos que incrementan artificialmente la tensión del mercado.
El grupo socialista también ha abierto la puerta a incorporar nuevas propuestas durante el periodo de enmiendas para reforzar el contenido de la futura ley.
La oposición denuncia un ataque a la propiedad privada
Los grupos de la oposición han criticado tanto el contenido de la norma como su tramitación por vía rápida.
Junts sostiene que el verdadero problema es la escasez de oferta y no la especulación, defendiendo que hacen falta más viviendas, más planificación urbanística y un incremento de la construcción.
Por su parte, el PP ha calificado la propuesta como un ataque frontal a la propiedad privada y cuestiona la seguridad jurídica de una regulación basada en conceptos que considera poco definidos desde el punto de vista legal.
Un nuevo paso dentro de la política de vivienda catalana
Esta iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el Govern para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas:
- La limitación de los precios del alquiler.
- El derecho de adquisición preferente sobre inmuebles de grandes propietarios.
- Las restricciones al alquiler de temporada.
El conjunto de estas políticas ha generado un fuerte rechazo entre buena parte del sector inmobiliario y empresarial, que denuncia un exceso de regulación.
El sector inmobiliario habla de “aberración jurídica”
La Asociación de Promotores y Constructores (APCE) considera que la propuesta supone una “aberración jurídica” y ha anunciado que defenderá su impugnación ante el Tribunal Constitucional.
Según la patronal, la norma puede frenar nuevas promociones y generar una importante inseguridad jurídica para propietarios e inversores.
En la misma línea, la asociación Som Habitatge ha encargado un informe jurídico que concluye que la propuesta presenta serios indicios de inconstitucionalidad al poder suponer una limitación excesiva del derecho de propiedad.
El Sindicato de Inquilinas también considera insuficiente la medida
Curiosamente, la propuesta tampoco convence al Sindicato de Inquilinas.
La organización considera que la ley apenas tendrá efectos inmediatos, ya que únicamente permitirá que los ayuntamientos inicien procedimientos urbanísticos que podrían tardar meses o incluso años en aplicarse.
Según el sindicato, el texto actual deja numerosos vacíos legales y no resolverá el problema del acceso a la vivienda a corto plazo.
Conclusión
La futura ley para limitar la compra de viviendas en zonas tensionadas representa uno de los cambios más ambiciosos en la política de vivienda de Cataluña de los últimos años.
Mientras el Govern defiende que ayudará a combatir la especulación y facilitará el acceso a la vivienda, la oposición, el sector inmobiliario e incluso algunas organizaciones sociales cuestionan tanto su eficacia como su encaje jurídico.
La evolución de su tramitación y un posible pronunciamiento del Tribunal Constitucional serán determinantes para conocer el alcance real de esta iniciativa.
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