En 2018 entrará en vigencia (hasta 2021) el nuevo Plan Estatal de Vivienda que incluye, entre sus principales novedades, líneas de ayudas específicas para jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 años y aquellos afectados por desahucios; podrán beneficiarse de esta ayuda siempre y cuando todos perciban ingresos inferiores a 1600 euros al mes, cifra que representa tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

De las facilidades para los jóvenes se prevé que se les otorgará una ayuda para pagar hasta 50 % del alquiler de un piso y de 20 % del precio de la vivienda que deseen adquirir, con un tope de 10.800 euros. Para pisos con rentas fijas recibirán una ayuda de hasta 900 euros al mes. El requisito es que su ingreso no supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta política se sustenta en que los jóvenes sostendrán el futuro del sector inmobiliario, pero debido a la precariedad del mercado laboral y a que es difícil obtener un financiamiento, a esta población se le dificulta ser propietaria de una vivienda.

A quienes hayan sido afectados por desahucio recibirán 400 euros al mes para el pago de un alquiler, siempre que la renta del piso no supere ese valor.

Servicios para los mayores
Las personas mayores de 65 años contarán con ayudas para cancelar hasta 50 % de la renta o 200 euros mensuales para atender el pago de facturas por servicios como el agua, la luz o el gas. Para ello deberán cobrar una pensión que tampoco supere tres veces el SMI. En este caso el programa se complementa de ayudas a organismos públicos y empresas privadas para la construcción de viviendas en alquiler destinadas particularmente para personas mayores.

Jóvenes y mayores contarán con estos beneficios durante un periodo máximo de 3 años, que será de dos anualidades para el caso de afectados por desahucios.

Otro gran eje del plan que ha diseñado el Ministerio de Fomento, a partir de un proceso de colaboración con las comunidades autónomas, será la rehabilitación con énfasis en la eficiencia energética. A partir de ahora el ente lo someterá de nuevo a las regiones, a la Federación de Municipios y Provincias (Femp), con el fin de aprobarlo definitivamente antes de que acabe el año.